El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy que Puerto Rico no pagará los US$ 422 millones en deuda que vencía este domingo.
Esta resolución supondrá el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña, asfixiada por la falta de liquidez y una crisis que dura ya una década.
"Ha sido una decisión muy difícil y doloroso, que francamente hubiese preferido no tomar", pero "la crisis humanitaria se hace cada día más profunda", explicó García Padilla en un mensaje público, en el que acusó a Estados Unidos de no ayudar a tiempo a este Estado Libre Asociado.
Según explicó, el sábado firmó la orden ejecutiva que autoriza una moratoria temporal en el pago de la cantidad parcial de la deuda de las notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno de Puerto Rico, que vencían hoy.
"Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia, en vista de que el Congreso (federal) no ha actuado. Una de esas medidas es poner en vigor la Ley de Moratoria -apuntó- que busca proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente, mientras Puerto Rico continúa luchando para superar la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado en su historia".
El mandatario reiteró "cuán doloroso ha sido tener que tomar esta decisión" e insistió en que "hubiera preferido contar con un marco legal" que les permitiera cumplir con todas las obligaciones, "incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores".
"Pero al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: Decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo", resumió con semblante serio.
Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de Estados Unidos que le provea de herramientas legales para reestructurar sus deudas.
"No queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de Estados Unidos. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable", argumentó.
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