La disputa judicial entre Codelco y la Municipalidad de Calama por la protección patrimonial del histórico campamento de Chuquicamata está lejos de terminar. Luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera el reclamo de ilegalidad presentado por la minera estatal y dejara sin efecto el decreto municipal que buscaba reforzar la conservación del recinto, el alcalde Eliecer Chamorro confirmó a DF Regiones que continuará con las acciones judiciales y que pretende llevar el caso a las máximas instancias.
La autoridad comunal adelantó que ya instruyó a su equipo jurídico comenzar la preparación de un nuevo escrito y que entre las alternativas consideradas se encuentran la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. "Es una batalla judicial que recién comienza", afirmó Chamorro, quien cuestionó duramente a la estatal por su oposición a las medidas de protección del antiguo asentamiento minero. "Vamos a recurrir hasta la última instancia", sostuvo.
El nuevo escenario se produce luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera el reclamo de ilegalidad interpuesto por Codelco contra el Decreto Alcaldicio N° 923, dictado en mayo de 2024, mediante el cual la Municipalidad de Calama buscaba reforzar la protección patrimonial del campamento y garantizar su acceso público permanente.
El tribunal determinó que la administración comunal excedió sus atribuciones al establecer obligaciones sobre instalaciones que pertenecen principalmente a Codelco, particularmente en lo referido al ingreso de visitantes y las condiciones de funcionamiento del recinto.
Preocupación por botaderos mineros
Uno de los principales puntos de controversia entre el municipio y Codelco es el avance de los botaderos de material minero, conocidos como tortas, hacia sectores del antiguo campamento.
Chamorro sostuvo que la protección patrimonial debe considerar también las operaciones que se desarrollan en las inmediaciones del recinto. A su juicio, la actividad minera ha reducido significativamente la superficie del asentamiento y amenaza con afectar los espacios que aún conservan parte de su historia.
“Lo que vamos a defender con más fuerza desde el punto de vista judicial y con apoyo ciudadano es que no podemos dejar que Chuquicamata sea enterrado con las tortas de tierra que hay en este momento” afirmó
El alcalde aseguró que Chuquicamata ha perdido cerca de la mitad de su superficie original debido a los movimientos de material de las faenas mineras, por lo que insistió en la necesidad de proteger las calles, pasillos e instalaciones que aún permanecen en pie y que forman parte de la historia de las familias que habitaron el antiguo campamento minero.
Cuestionamientos a Codelco
Otro punto de conflicto es el acceso al antiguo campamento minero. Si bien Codelco ha destacado sus trabajos de conservación patrimonial y la realización de visitas programadas y aperturas masivas en fechas especiales, Chamorro cuestionó que el ingreso dependa de las autorizaciones de la empresa.
“Eso se valora, pero el problema es de que dependemos exclusivamente de la voluntad de los ejecutivos de Codelco. Esa es la situación”, afirmó.
El alcalde también apuntó a la administración de la estatal en la capital y cuestionó el conocimiento de sus ejecutivos sobre el valor histórico del campamento. “¿Entienden los ejecutivos de Santiago lo que es el patrimonio? ¿No lo comprenden?”, planteó.
Por ello, el municipio busca garantizar un “acceso permanente de carácter público, abierto, sin pedir tantas consultas y pedir tantos permisos”.
El alcalde también cuestionó la relación de Codelco con la comuna y sostuvo que la actividad minera debería traducirse en mayores inversiones para Calama.
La protección patrimonial vigente
Pese a la anulación del decreto municipal, el fallo no elimina la condición de Zona Típica del campamento de Chuquicamata ni las declaratorias de Monumento Histórico que protegen parte de sus instalaciones desde 2015. Estas categorías fueron establecidas mediante el Decreto N° 176 del Ministerio de Educación, que reconoce distintos inmuebles y espacios representativos de la antigua ciudad minera, entre ellos el Centro Cívico, la Casa 2000, edificaciones del Campamento Americano y el Cementerio de Chuquicamata
El recinto comenzó a funcionar como asentamiento minero en 1915 y durante más de nueve décadas albergó a trabajadores del cobre y sus familias. Su cierre oficial se concretó el 31 de agosto de 2007, como parte del proceso de traslado de sus habitantes a Calama, asociado a la expansión minera y las condiciones ambientales del sector.
Con la resolución de la Corte de Apelaciones quedan sin efecto las disposiciones municipales cuestionadas por Codelco, mientras que las declaratorias patrimoniales nacionales se mantienen vigentes.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
