Tras la arremetida de un grupo de parlamentarios contra los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) ante el Tribunal Constitucional (TC), fue el propio Presidente de la República, José Antonio Kast, quien salió al paso de los cuestionamientos y tomó la defensa de la normativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
El pasado 29 de octubre, el mandatario, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y su par de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó un escrito ante el organismo, solicitando que el requerimiento parlamentario no sea acogido a tramitación y se tenga por no presentado para todos los efectos legales.
En el documento de 16 páginas, las autoridades sostuvieron que la acción parlamentaria se concentra en cuestionamientos de legalidad y conveniencia de la política pública, materias que, a su juicio, no corresponden al ámbito de revisión del Tribunal Constitucional.
La defensa
En su requerimiento, los diputados cuestionaron que las modificaciones a la OGUC puedan alterar, en la práctica, parámetros establecidos en los planes reguladores comunales sin recurrir a los procedimientos legales contemplados para modificar dichos instrumentos.
Frente a estas críticas, el gobierno fue enfático en señalar que el decreto no modifica directamente ningún instrumento de planificación territorial ni elimina facultades de los municipios.
Asimismo, planteó que las nuevas disposiciones corresponden a reglas generales de la OGUC, a las cuales deben sujetarse los instrumentos de planificación territorial conforme a la legislación vigente.
Bajo esa interpretación, el Ejecutivo advirtió que aceptar el razonamiento de los parlamentarios podría restringir significativamente la capacidad del gobierno para actualizar la normativa urbanística.
En particular, sostuvo que, si cualquier modificación reglamentaria que incida en los efectos prácticos de los planes reguladores fuera considerada inconstitucional, las futuras actualizaciones de los parámetros de densidad, estacionamientos o constructibilidad quedarían condicionadas a modificar previamente cada instrumento territorial.
Según la presentación, esa interpretación implicaría que los planes reguladores quedaran congelados “ad eternum”, escenario que calificó como “totalmente insostenible”.
Otras aristas
El Gobierno también sostuvo que el requerimiento presenta una serie de deficiencias que impedirían al Tribunal Constitucional admitirlo a tramitación, entre ellas, la falta de una vinculación suficientemente clara entre las disposiciones impugnadas y las normas constitucionales que supuestamente se estarían vulnerando.
También cuestionó que los diputados hayan presentado solicitudes subsidiarias para eliminar disposiciones completas o determinados segmentos de ellas, argumentando que esa fórmula trasladaría al propio tribunal la responsabilidad de precisar el alcance de la impugnación.
A ello se suman, según el Ejecutivo, contradicciones entre los fundamentos del requerimiento y las disposiciones cuya eliminación se solicita.
Para reforzar su postura, el Ejecutivo también recordó un precedente del propio Tribunal Constitucional, que anteriormente rechazó tramitar un requerimiento contra un decreto del Ministerio del Medio Ambiente de 2023.
Según planteó La Moneda, aquella impugnación presentaba deficiencias similares a las del caso actual, al no establecer con suficiente claridad el conflicto entre las disposiciones cuestionadas y la Constitución. Por ello, sostuvo que corresponde aplicar el mismo criterio.
Con estos antecedentes, La Moneda concluyó que las deficiencias del requerimiento no corresponden a simples errores formales que puedan corregirse durante la tramitación, sino que exigirían reformular sustancialmente la impugnación.
Así, el Ejecutivo solicitó al Tribunal Constitucional que declare que la acción parlamentaria no se acoge a tramitación y se tenga por no presentada.
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