El presidente de Brasil, Michel Temer, solicitó hoy a la Corte Suprema de ese país que amplíe el plazo de 24 horas que le otorgó para responder a preguntas de la Policía Federal sobre las sospechas de corrupción que pesan en su contra.
El cuestionario, enviado por escrito y que Temer puede responder de la misma manera, consta de 84 preguntas y le fue remitido este lunes, por lo que el plazo para entregar sus respuestas vencía hoy.
Sin embargo, la defensa de Temer no lo ha enviado aún a las autoridades y, por el contrario, solicitó al Supremo que extienda el plazo hasta que concluya esta semana.
En su solicitud, los abogados indicaron que responder preguntas "es una tarea más compleja que elaborarlas" y apuntaron que, debido al número de cuestiones, contestarlas demandará "un gran esfuerzo" a Temer, quien "no puede descuidar las obligaciones que son inherentes a su cargo".
El Supremo aún no se ha pronunciado, pero en caso de no aceptar la solicitud del mandatario, podría interpretar que Temer prefirió no responder, una opción que la Justicia le reserva.
En su mayoría, las preguntas están centradas en la relación entre el gobernante y Joesley Batista, dueño del grupo JBS, que visitó a Temer en su residencia oficial y, sin que este supiera, grabó la conversación y entregó el audio a la Justicia en el marco de un acuerdo de cooperación sobre asuntos de corrupción.
En esa grabación, Batista relata diversas maniobras ilegales que estaba realizando en favor de JBS tanto en el Poder Judicial como con algunos ministros, ante lo que Temer se mantiene en silencio o hasta llega a consentir.
Frente a las dudas desprendidas de esa grabación, el Supremo ha abierto una investigación contra Temer, sobre la base de que pudo haber incurrido en los delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
Ese es solo uno de los frentes jurídicos que enfrenta el jefe de Estado, cuyos abogados también atienden desde hoy un proceso en el Tribunal Superior Electoral, que investiga supuestas irregularidades en la campaña de 2014, en la que Temer compartió fórmula con la destituida Dilma Rousseff.
Si la corte considera que, como se sospecha, hubo irregularidades en la financiación de esa campaña, anularía la victoria en las urnas de Rousseff y Temer, quien sería despojado entonces de su mandato.
Sin embargo, eso no sería inmediato, ya que el gobernante podría presentar múltiples apelaciones y mantenerse en el cargo hasta tanto sean juzgadas y se llegue a una sentencia definitiva.
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