El juez argentino Claudio Bonadio dictó hoy el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), así como de sus hijos y varios empresarios de la obra pública, a quienes prohibió salir del país, por presunto lavado de dinero cometido supuestamente a través de una empresa familiar.
El magistrado considera a la ex jefa de Estado, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (US$ 8,44 millones), "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe", el cual concurre "en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito" agravado por ser funcionario público y por "negociaciones incompatibles".
Máximo y Florencia, hijos que Fernández tuvo con el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fueron también acusados por Bonadío de encabezar esa supuesta asociación ilegal.
La causa que investiga a la inmobiliaria Los Sauces (propiedad de los Kirchner) surgió en abril de 2016 a raíz de una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos.
En ella la diputada les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, también procesados hoy Bonadio.
A ambos el juez les considera penalmente responsables de los delitos de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad de organizadores.
Además, entre todos los imputados cuyo procesamiento se hizo efectivo este martes está la sobrina de la expresidenta argentina Romina Mercado, quien desde 2015 fue presidenta de Los Sauces.
Transferencias millonarias
La acusación apunta a que pudo utilizarse Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por los Kirchner y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
Tras acudir el mes pasado a declarar como imputada en esta causa, Fernández negó haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan y reiteró sentirse víctima de una "persecución judicial y mediática" sin "antecedentes" en su país.
La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
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