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REGÍSTRATE AQUÍEn paralelo, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado por el exCEO Nicolás Ramírez en el marco del mismo proceso.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 20 de junio de 2018 a las 04:00 hrs.
La Corte Suprema confirmó la multa de 25 mil UF ($680 millones) impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero) en contra de Pablo Alcalde, como parte del fraude de las repactaciones unilaterales de La Polar.
El máximo tribunal del país invalidó así el fallo de la Corte de Apelaciones, que el año pasado había revocado la sanción impuesta por el regulador financiero. Para el tribunal de alzada, la multa vulneró el principio de “non bis ibídem”, debido a que los mismos hechos habían sido sancionados penalmente por el Segundo Juzgado de Garantía.
No obstante, los ministros de la Suprema fueron categóricos: “La alegación de infracción al principio del non bis in ídem no formó parte de la controversia trabada en autos, toda vez que en la demanda el actor se limitó a esgrimir la prescripción de la acción administrativa y la falta de participación en los hechos imputados por la Superintendencia de Valores y Seguros”.
Una negativa por parte del Tribunal Constitucional recibió Nicolás Ramírez, exgerente general de la multitienda.
La entidad rechazó un recurso de inconstitucionalidad por la multa de 13.000 UF ($ 352 millones) que aplicó la exSVS en el marco del mismo caso.
El objetivo: revertir el fallo argumentando que se condenaba por los mismos cargos, tanto por la vía administrativa como la vía criminal. No obstante, el TC dictaminó por mayoría de votos que no se transgrede el principio de “non bis ibídem”.
Con esta resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver el fondo del asunto.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.