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REGÍSTRATE AQUÍLa investigación se suspende hasta que la entidad resuelva acerca de la admisibilidad de la contienda de competencia acusada por el TDLC.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 24 de noviembre de 2015 a las 16:46 hrs.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado el pasado viernes por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el que busca impedir la entrega de antecedentes reservados a la Fiscalía Sur por la investigación de la colusión del papel higiénico que involucra a las empresa CMPC y SCA.
Con esto, la tramitación de la acción judicial que se lleva en la Corte de Apelaciones de San Migue queda paralizada hasta que el tribunal resuelva acerca de la admisibilidad de la presente contienda de competencia.
Según esgrimió el TDLC en su requerimiento, la información requerida por la Fiscalía se trata de datos "sensibles", (como datos comerciales, estudios de costo, correos electrónicos y escuchas telefónicas) cuya divulgación podría afectar el desarrollo competitivo y los objetivos de las papeleras coludidas.
Al respecto, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó al TDLC entregar al tribunal de alzada los antecedentes, para iniciar su revisión y determinar si es pertinente remitirlos al Ministerio Público.
La audiencia para alegar la admisibilidad del requerimiento se fijó para el martes 1 de diciembre.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.