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REGÍSTRATE AQUÍJorge Bermúdez solicitó sesión secreta al momento de abordar el caso por el que fue convocado.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 5 de marzo de 2019 a las 04:00 hrs.
La comisión investigadora sobre eventuales irregularidades en las licitaciones en la División El Salvador de Codelco recibió ayer al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien aportó antecedentes sobre la forma en que la entidad fiscaliza a las empresas públicas.
Bermúdez explicó que la Contraloría suele realizar fiscalizaciones expost a Cochilco (que fiscaliza a Codelco), pero que también está autorizada a efectuar auditorías directas por mandato del Presidente de la República y por circunstancias especiales que lo ameriten.
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Recordó que ese fue el caso de las auditorías realizadas en los años 2016 y 2017, luego de 16 años de no intervenir directamente en Codelco, que mostró su necesidad tras “hallazgos significativos” y que generó una controversia judicial entre la Contraloría y la cuprífera que aún está vigente.
Entrando al tema por el que fue convocado, el contralor solicitó reserva para entregar la información, como lo han hecho otros invitados.
La diputada Daniella Cicardini indicó que la Contraloría hará una “auditoría a la auditoría” que realizó Cochilco respecto del plan de movimiento de tierra en la División El Salvador que presentaría sobreestimación de los montos involucrados.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.