La Región de Valparaíso ocupa el segundo lugar nacional en cantidad de inmuebles fiscales con inconsistencias en sus registros, según un informe de la Contraloría General de la República que identificó 9.653 propiedades en esta situación a lo largo del país.
De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°27, publicado este martes , Valparaíso registra 1.209 inmuebles observados, solo por debajo de la Región Metropolitana, que encabeza el listado con 1.360. En tercer lugar aparece O'Higgins, con 1.036 casos.
El informe, elaborado a partir de antecedentes del segundo semestre de 2025, examinó los registros de 109 organismos públicos centralizados y los contrastó con la información del Ministerio de Bienes Nacionales, encargado de administrar y destinar los terrenos y edificaciones fiscales.
La revisión detectó dos situaciones. La primera corresponde a propiedades que figuran en la contabilidad de organismos públicos sin una destinación vigente, mientras que la segunda considera inmuebles que cuentan con una asignación formal, pero que no fueron incorporados a los registros contables de las instituciones responsables.
A nivel nacional, la Contraloría identificó 3.238 inmuebles contabilizados sin destinación vigente, cuyos valores informados superan los $ 451 mil millones. A estos se suman otros 6.415 bienes fiscales que, pese a tener una destinación vigente, no aparecen contabilizados por los respectivos servicios.
Valparaíso y Coquimbo
El desglose territorial muestra que Valparaíso concentra 371 inmuebles contabilizados sin una destinación vigente, mientras que otros 838 cuentan con una asignación formal, pero no están incorporados a la contabilidad de los organismos que los administran.
Esta última cifra sitúa a Valparaíso en el tercer lugar nacional en propiedades destinadas sin registro contable, después de la Región Metropolitana, que presenta 981 casos, y O'Higgins, con 910.
Dentro del ranking general, Aysén ocupa el cuarto puesto del país, con 865 inmuebles observados, seguida de Los Lagos, con 744, y Coquimbo, que aparece en el sexto lugar con 611 propiedades.
En el caso de Coquimbo, 192 inmuebles figuran contabilizados sin una destinación vigente, mientras que otros 419 tienen una asignación formal que no se encuentra reflejada en los registros financieros de los servicios públicos.
Más al norte, Antofagasta ocupa el décimo lugar nacional, con 440 inmuebles observados, de los cuales 104 están contabilizados sin destinación vigente y 336 corresponden a bienes destinados que no figuran en la contabilidad.
En Tarapacá se identificaron 393 propiedades con inconsistencias, ubicando a la región en el puesto 12 del país. De ese total, 77 inmuebles están registrados contablemente sin una destinación vigente y otros 316 cuentan con una asignación formal, pero no fueron contabilizados.
Atacama aparece en el lugar 13, con 375 propiedades observadas, distribuidas entre 112 inmuebles contabilizados sin destinación vigente y 263 destinados sin registro contable.
Por su parte, Arica y Parinacota ocupa el puesto 15, con 249 casos, de los cuales 45 corresponden a propiedades contabilizadas sin destinación vigente y 204 a inmuebles destinados que no aparecen en los registros financieros.
En conjunto, las seis regiones comprendidas entre Arica y Parinacota y Valparaíso suman 3.277 inmuebles observados, equivalentes al 33,9% del total nacional. De ellos, 901 figuran contabilizados sin una destinación vigente y otros 2.376 cuentan con una asignación formal, pero no están incorporados a la contabilidad institucional.
Ranking por instituciones
La Dirección de Obras Portuarias encabeza el ranking de instituciones con mayores montos asociados a esta situación, con 31 inmuebles valorizados en $ 87.509 millones. Le sigue la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), con 61 propiedades por $ 75.865 millones.
En tercer lugar aparece el Hospital de Carabineros, con 43 inmuebles por $ 59.208 millones, seguido de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con ocho propiedades valorizadas en $ 32.294 millones.
También figura la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), que registra 725 inmuebles por $ 23.204 millones. Más atrás se ubican la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, con 41 propiedades por $ 22.704 millones, y Gendarmería de Chile, con 89 inmuebles por $ 21.248 millones.
Sin embargo, la Contraloría aclara que estos antecedentes pueden incluir propiedades adquiridas mediante mecanismos distintos a la destinación del Ministerio de Bienes Nacionales, como las expropiaciones.
Propiedades sin registro contable
La segunda situación detectada por el organismo fiscalizador corresponde a inmuebles fiscales que cuentan con una destinación vigente, pero que no aparecen incorporados a la contabilidad de las instituciones que los tienen asignados.
De los 6.415 casos identificados a nivel nacional, la mayor cantidad corresponde a organismos del Ministerio del Interior, con 2.074 propiedades, seguidos por el Ministerio de Defensa Nacional, con 1.411, y el Ministerio de Obras Públicas, con 1.381.
Entre las tres carteras acumulan 4.866 inmuebles, equivalentes al 75,9% del total de propiedades destinadas que no fueron registradas contablemente.
Más atrás aparecen el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con 299 propiedades; Educación, con 264; Hacienda, con 213, y Salud, con 167.
El informe recuerda que la Resolución N°16 de 2015 de la Contraloría establece obligaciones contables para las instituciones públicas que reciben inmuebles fiscales en destinación.
Sobre las consecuencias de no incorporar estas propiedades en los registros financieros, el organismo advierte que "no hacerlo constituye un incumplimiento normativo que afecta la valoración de los activos del Estado y el adecuado control de los bienes fiscales".
La revisión también aborda las diferencias entre las propiedades que figuran como activos de los servicios públicos y aquellas que cuentan con un respaldo formal de destinación. Para efectuar el análisis, la Contraloría cruzó los antecedentes proporcionados por los servicios públicos con los registros del Ministerio de Bienes Nacionales, utilizando principalmente el rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos y complementando la identificación mediante información geográfica.
La revisión excluyó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, debido a que estas instituciones también cuentan con patrimonio de afectación fiscal, que no está sujeto al mismo régimen de destinaciones.
Plazo para regularizar
Tras identificar las inconsistencias, la Contraloría estableció una serie de acciones dirigidas a los organismos públicos involucrados. Entre ellas, anunció que oficiará a los servicios correspondientes para que regularicen las situaciones observadas en los registros contables de los inmuebles dentro de un plazo de 90 días.
Asimismo, solicitará al Ministerio de Bienes Nacionales avanzar en la regularización y formalización de las respectivas destinaciones, con el objetivo de corregir las diferencias detectadas durante la revisión.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
