La tragedia ferroviaria que dejó 69 muertos y cerca de 200 heridos en España terminó por provocar una crisis en el gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su renuncia al cargo, seis días después del choque entre dos trenes de alta velocidad en la localidad de Urda, en Toledo, en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del sistema ferroviario.
La decisión fue comunicada durante una comparecencia de cuatro horas ante el Congreso, donde el secretario de Estado enfrentó duras críticas de la oposición por la actuación del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, y las circunstancias que derivaron en uno de los accidentes más graves de la red española de alta velocidad.
Puente justificó su salida por la responsabilidad política que implica haber enfrentado dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año, aunque durante su intervención defendió las actuaciones de su cartera y las inversiones realizadas para mejorar la seguridad del sistema.
Según informó El País, el ministro comunicó su decisión a Sánchez apenas minutos antes de hacerla pública y también renunció a integrar las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales del 29 de noviembre.
El accidente ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Sevilla colisionó con un convoy de la empresa Iryo que permanecía detenido en la vía.
Las autoridades españolas confirmaron que las 69 víctimas fatales ya fueron identificadas, de las cuales 54 eran españolas y 15 extranjeras. Entre los fallecidos se cuentan ciudadanos de Estados Unidos, Australia, Japón, Argentina, Canadá, Francia, México, Venezuela y otros países.
Las fallas de seguridad bajo investigación
Uno de los principales focos de la investigación está puesto en la actuación del centro de control de Adif, desde donde se autorizó al tren AVE a reanudar su marcha pese a que el sistema de señalización LZB, utilizado en la línea Madrid-Sevilla, había dejado de funcionar y existía otro convoy detenido más adelante.
La orden permitió al tren continuar su circulación con un límite de velocidad de 200 kilómetros por hora, una decisión que ahora está siendo examinada por las autoridades encargadas de esclarecer las causas del siniestro.
De acuerdo con los antecedentes entregados por Puente, el sistema LZB ha registrado 170 fallas durante este año, 14 de ellas en el tramo donde ocurrió el accidente.
Adif está revisando los procedimientos aplicados en episodios anteriores para determinar si la instrucción entregada al maquinista correspondió a una práctica habitual, pese a ser contraria a la normativa de seguridad.
La investigación busca establecer las responsabilidades en la cadena de decisiones que permitió que el tren continuara su recorrido.
En paralelo a la crisis política, el gobierno español aprobó este martes un paquete de ayudas por 30 millones de euros para las víctimas y sus familias.
Las medidas contemplan duplicar la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, anticipar el pago de indemnizaciones y establecer mecanismos específicos de protección para las personas afectadas, además de habilitar oficinas de atención integral.
El Ejecutivo también anunció una serie de cambios operacionales para reforzar la seguridad ferroviaria.
Entre ellos figura la incorporación de un segundo controlador para supervisar las órdenes que se transmitan a los maquinistas desde los centros de Adif, así como medidas para garantizar los períodos de descanso de los trabajadores responsables de la circulación.
Además, se reducirá la frecuencia de los trenes en la línea Madrid-Sevilla hasta que entre en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad y se limitarán los precios de los medios de transporte alternativos mientras permanezca interrumpido el servicio.
Durante su intervención en el Congreso, Puente también recordó que el Gobierno había puesto en marcha un plan de renovación ferroviaria por 780 millones de euros.
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