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Publicado: Lunes 22 de octubre de 2018 a las 04:00 hrs.
El proyecto inmobiliario que Fundamenta busca levantar en la vereda sur-poniente de Irarrázaval con Américo Vespucio ha generado mucho interés en su proceso de participación ciudadana, donde ya acumula más de 1.000 observaciones. La firma proyecta cuatro torres de departamentos de entre 27 y 32 pisos de altura, con una inversión de US$ 100 millones.
En enero, un grupo de vecinos de Ñuñoa y La Reina se organizaron para protestar en contra de la iniciativa. Dado esto, se abrió una participación ciudadana.
El proceso partió a principios de abril y los vecinos, en su mayoría, consultan respecto de las soluciones viales que se llevarán a cabo. No obstante, hay otras observaciones como si existe o no una posibilidad de afectación sobre asociaciones indígenas en el área de influencia del proyecto.
“Los edificios generan que los rayos solares choquen y se desvíen hacia plazas, espacios públicos, etc. Se solicita al titular que explique cómo disminuirá el impacto solar para evitar modificar la vía pública y bespacios urbanos”, dice otra observación. La empresa tramita ante el Servicio de Evaluación Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En vista del proceso de consulta ciudadana, se decretó la suspensión del trámite hasta el 31 de octubre de 2018.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.