Un panorama regulatorio sin cambios relevantes es el que advierte el Consejo Minero en su último reporte anual. Aunque repasa diversas iniciativas, pone especial crítica en el proyecto pro inversión, el que buscaba corregir una serie de aspectos que retrasan los proyectos de desarrollo.
Según explica, uno de los pocos cambios positivos que subsistía en versiones avanzadas de la tramitación referido a la denuncia de obra nueva -que buscaba evitar la obtención especulativa o defensiva de concesiones mineras-, finalmente no prosperó. Lo mismo pasó, agregan, con las consultas de pertinencia cuya redacción comenzó con la idea de dar certezas a las respuestas del SEA; luego se diluyó en una mera formalización legal de estas consultas y “quedó en un sentido contrario, al establecer que las respuestas del SEA no serían vinculantes para efecto alguno”.
Tras su aprobación, el gobierno presentó un veto para eliminar esa norma, pero desde septiembre del año pasado éste no se resuelve. “En suma, uno de los pocos proyectos de ley, sino el único que apuntaba a promover la inversión y que de acuerdo a la intención del Ejecutivo daría origen a otros más, terminó en una irrelevancia tal que ni siquiera existe interés en terminar su tramitación”, cuestiona el gremio.
Tampoco esquivó uno de los debates más polémicos para la minería: el proyecto de protección de glaciares que hoy está en el Senado. Junto con lamentar que se avanzara en torno a definiciones excesivamente amplias para el objeto protegido (incluye ambiente periglaciar y permafrost), “que no coinciden con el consenso científico, y algunas prohibiciones absolutas que no distinguen por tipo, tamaño, ubicación ni aporte hídrico y ecosistémico de los glaciares”, dice mantener su postura sobre la pertinencia de mejorar la protección de éstos, pero -enfatiza- “vemos necesario corregir las normas hasta ahora aprobadas en esa comisión”.
Entre las iniciativas que el gremio ve con “potencial impacto negativo en el sector” y que no tuvieron avances, pero siguen latentes y son un factor de riesgo, mencionó el que propone crear un nuevo royalty de 3% a las ventas de minerales. Sin embargo, para el gremio, el “mayor desafío regulatorio en varios años” será el proceso constituyente, donde ya decidieron que participarán activamente. En su carta, el presidente ejecutivo del gremio, Joaquín Villarino, aborda la discusión que se ha generado sobre si el aporte tributario del sector es o no suficiente y reconoce: “Esto puede constituir un adelanto de un debate que posiblemente tendrá lugar durante la redacción de una nueva Constitución”.
En otro ámbito, y aunque desearía compartir la visión de que se estaría frente al inicio de un nuevo súper ciclo del precio del cobre, reitera que los antecedentes aún no lo avalan. “Los factores que los analistas han atribuido a esta fase alcista, o son transitorios, o no se perciben que tengan una magnitud suficiente para sostener un período prolongado de precios altos”, insiste.
El gremio destaca que el año de pandemia no desanimó la cartera de inversiones de la gran minería y que el desafío está en que los inversionistas perciban que, aparte de las variables de mercado, la institucionalidad política y regulatoria del país sale fortalecida del proceso constitucional y decidan pasar a la ejecución de los proyectos en evaluación.
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