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Publicado: Jueves 19 de febrero de 2015 a las 04:00 hrs.
Ayer entró en vigencia la Ley 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.
Desde ahora, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan dentro de sus funciones.
Entre las normas que evitan el financiamiento del terrorismo, destacan el congelamiento y retención de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).