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Publicado: Miércoles 24 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.
Una serie de informes ingresaron ayer a la causa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que analiza un expediente de recomendación normativa sobre la posibilidad de desmutualizar e interconectar las bolsas de valores del país.
Uno de ellos, encargado por la Bolsa Electrónica, hace referencia a la constitucionalidad de seguir adelante con la desmutualización e interconexión de las bolsas. Al respecto, el informe señala que “la recomendación normativa no incurre en una expropiación regulatoria”, como acusaba la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS). Tampoco dice que se vulnera el derecho de propiedad de los accionistas de las plazas sobres su acciones por la eventual baja en el valor de estas últimas a raíz de la interconexión vinculante.
La BCS también entregó su informe, solicitado por el Tribunal, sobre operaciones de compra y venta que hubieran tenido mejor precio en otras plazas. En cuanto a las compras, detectó que un 1,79% de las operaciones, en unidades, y 1,1%, en valor, fueron realizadas en la BCS a un precio distinto al mejor que el vigente en otra bolsa. Respecto de las ventas, la cifra es de 1,68% en unidades y 0,81% en valor.
En todo caso, el estudio hace la salvedad que una parte menor de éstas no obedeció a una decisión consciente de la parte compradora o vendedora.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.