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Publicado: Viernes 4 de mayo de 2018 a las 04:00 hrs.
“Estamos más cerca que lejos de llegar a un gran acuerdo nacional respecto de cómo legislar los derechos de aprovechamiento del agua para el futuro de la agricultura chilena”.
Con esas palabras se refirió en una entrevista radial el ministro de Agricultura, Antonio Walker, respecto a las indicaciones en las que está trabajando el gobierno para la reforma.
Estas irían en la línea de solucionar la “falta de certezas jurídicas” que se ha acusado en cuanto a la caducidad de estos derechos.
En los puntos referidos a la preferencia del recurso hídrico para el consumo humano y prohibición de uso de glaciares y zonas protegidas existe consenso en lo planteado en el proyecto de ley en trámite, por lo que la falta de certeza jurídica en la caducidad será la piedra angular de los cambios.
“No podemos permitir que se altere la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad del agua. Es porque hoy creemos que tenemos un dominio de los derechos de aprovechamiento de agua y ese dominio no lo podemos precarizar”, enfatizó el ministro.
Consultado por este tema, el senador del PPD Felipe Harboe, quien además es miembro de la comisión de Agricultura, donde se encuentra actualmente en discusión la reforma, señaló desconocer un posible acuerdo en esta materia.
“Por lo menos yo, el senador Álvaro Elizalde y la senadora Ximena Rincón no hemos participado en ningún tipo de acuerdo”, explicó.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.