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Publicado: Martes 27 de marzo de 2018 a las 04:00 hrs.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aclaró ayer que el requerimiento que realizó contra CMPC y SCA (ex Pisa, hoy llamada Essity) fue sólo a raíz de conductas ilegales en el canal de venta de consumo masivo, que tiene como cliente final a los hogares -que representa entre 70% y 80% de las ventas del sector-, y dejó de lado el sector institucional porque en la investigación no surgieron antecedentes.
Según explicó en respuesta a un reportaje de Radio Bío Bío, titulado "El desconocido capítulo de la colusión entre CMPC y PISA que quedó sin sanción", esta decisión fue a raíz de la falta de antecedentes de conductas ilícitas entre las partes mediante este canal, donde se incluirían licitaciones con hospitales y otros organismos públicos, además de clínicas, restaurantes y hoteles, entre otros.
"La acusación de la FNE sólo incluyó acuerdos en el canal masivo del tissue, y no posibles infracciones en el canal institucional, porque ni en la evidencia incautada ni en las múltiples tomas de declaración realizadas a ejecutivos surgieron antecedentes adicionales a los aportados por CMPC respecto a la existencia de un acuerdo con SCA para repartirse clientes en este canal.
La evidencia tampoco dio cuenta de un acuerdo posterior al año 2009 o que tuviera efectos más allá de esa fecha. En este escenario, la FNE optó por requerir la conducta que sí podía ser acreditada y sancionada ante el TDLC", dijo.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.