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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 4 de mayo de 2018 a las 04:00 hrs.
Por las calles del centro de Concepción, los trabajadores pesqueros del Biobío se movilizarán hoy para mostrar el descontento que les ha generado la legislación de la moción parlamentaria que busca establecer la potera o línea de mano como único mecanismo para la captura de la jibia.
Esto impediría que el 20% de la cuota de este recurso, que está en manos de industriales, no pueda extraerse, ya que se acaba con la pesca de arrastre de media agua, que es aquella que no tiene contacto con el fondo marino.
La marcha es la segunda de las medidas adoptada por los trabajadores, ya que cerca de 8.000 trabajadores paralizaron sus actividades ayer. Según informó Juan Carlos González, presidente del sindicato interempresa de Capitanes de Naves de la Flota Pesquera Industrial “este proyecto de ley se discutió durante cuatro años en la comisión de Pesca del período legislativo pasado, se escucharon a todos los actores, y fue archivada. La nueva comisión la desarchivó, no escucharon ninguna posición y votó en pocos días la idea”.
Los trabajadores esperan culminar en una reunión con el intendente y crear una mesa de trabajo.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.