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REGÍSTRATE AQUÍLos autores argumentan que el plazo de 30 días se ha desvirtuado.
Por: Claudia Rivas A.
Publicado: Martes 30 de junio de 2020 a las 18:18 hrs.
Un proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 73 y 75 de la Constitución, con el fin de reducir de 30 a 10 días el plazo que tiene el Presidente de la República para vetar iniciativas aprobadas por el Congreso, presentó hoy un grupo de senadores de oposición.
Los patrocinantes de la reforma –los DC Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, Ximena Órdenes (PPD), Carlos Montes (PS) y Carlos Bianchi (Ind.)- argumentaron que es necesaria debido a que con el tiempo se ha desvirtuado el sentido de este plazo, "siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha de las leyes".
La iniciativa surge en medio del debate generado a partir de la tardanza del gobierno en promulgar el proyecto que limita la reelección de parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales.
En la presentación, los senadores plantean que "no se justifica que exista un plazo de 30 días para analizar la normativa a fin de si se veta o no, además de los 10 días de promulgación y cinco de publicación. "Es más, hoy en día una ley puede estar publicada en el Diario Oficial al día siguiente o al subsiguiente de su despacho por parte del Congreso".
Por su parte, la senadora Provoste insiste en que "el plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original, siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, lo que constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las mismas".
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.