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Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
El 73,5% de los chilenos dice no estar de acuerdo con que las empresas donen dineros a candidatos para sus campañas políticas, mientras que solo un 22,6% cree que sí deben realizar donativos.
Por otro lado, un 82,4% cree que el Estado no debe financiar los partidos políticos, frente a un 16,6% que cree lo contrario.
Los datos corresponden a una realizada durante el fin de semana por la Universidad Central en conjunto con Imaginacción, donde también se muestra que un 87,9% de las personas consideran que el financiamiento debe ser público y transparente, mientras que el 10,9% aseguró que los aportes debieran ser secretos o reservados. Asímismo se consigna que el 70% piensa que tiene que existir un límite legal a la cantidad de dinero que una persona pueda aportar, mientras que un 23,2% está en desacuerdo con esta medida.
Sobre los resultados que arroja el sondeo el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UCEN, Marco Moreno, aseguró que “llama la atención un poquito esta actitud y demuestra también la desafección democrática, que es fuerte contra el sistema político donde prima un criterio ciudadano relacionado a que, por ejemplo, no quiero que nadie financie la política porque la política a mí no me interesa y no encuentro que la política me resuelva los problemas”.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.