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Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 23 de abril de 2018 a las 04:00 hrs.
Con la misma efectividad de los impregnantes tradicionales para madera, pero con el plus de estar hecho de residuos orgánicos de la industria pesquera (restos de jaibas y langostas), Cheten es la apuesta verde que la licenciada en Química de la Universidad de Concepción, Viviana Delgado, desarrolló durante años de investigación para obtener un producto que compitiera con ventaja en el mercado de productos como postes y cercos de viviendas.
Gracias a los conocimientos de biotecnología y nanotecnología de Delgado, Cheten no es tóxico y busca sustituir el arseniato de cobre cromatado utilizado en el impregnante a base de CCA, no permitido en Estados Unidos y Europa por su toxicidad.
Además, es igual de eficiente ya que protege la madera de hongos y termitas por un período de 30 años, y accesible pues su precio es 30% más económico que el de la competencia.
La capacidad de producción anual de la empresa familiar llamada del mismo nombre es de 867 mil litros y la presentación más requerida es para ser pulverizado. Este año solicitaron la patente internacional y desde octubre ya están en etapa comercial desde la sexta a la novena región.
“En 2017 vendimos $ 55 millones y este año llevamos $ 140 millones y tenemos proyectado $ 600 millones para este año”, precisa.
La meta para 2018 también es alcanzar el 1% del mercado nacional y a futuro está la idea de expandirse a Colombia ya sea comercilizando una parte de la licencia o exportando el producto a empresarios de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi) que estudian levantar una planta a 2020.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.