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Publicado: Viernes 18 de mayo de 2018 a las 04:00 hrs.
Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Reciclaje. Aprovechando la coyuntura, en la planta de Padre Hurtado de Cristalerías de Chile (empresa relacionada con Diario Financiero), 109 recicladores de base recibieron su certificación bajo los estándares establecidos por la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (Chile Valora), en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
El encargado de realizar la capacitación fue el centro Bureau Veritas, entidad que llevó a cabo los procesos de evaluación de los recicladores durante enero, febrero y marzo en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, El Monte, Padre Hurtado, Maipú, Santiago Centro, Recoleta, Quilicura, Peñalolén, Peñaflor, Pudahuel, Macul y Llay-Llay.
En la actividad participó la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, quien aseguró que “la Ley REP o la economía circular no es nada sin personas como ustedes que la implementan y la ponen en práctica. No sacamos nada con llenarnos de leyes (...) si no hay atrás gente como ustedes”.
Por su parte, Baltazar Sánchez, presidente del directorio de Cristalerías, compañía que aportó con este proceso de certificación, expresó que “es aquí donde el trabajo de los recicladores de base se materializa a un nuevo envase de vidrio”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.