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Alto contrasteEl empleo no puede esperar
CARLOS CRUZ Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Como país enfrentamos un momento crítico en materia laboral. Los últimos siete trimestres móviles muestran un deterioro sostenido: la desocupación pasó de 8,9% en enero-marzo a 9,8% en julio-septiembre, y algunos analistas ya sostienen que el escenario es peor que el de la pandemia.
Las causas son diversas: un arrastre de la administración anterior, un complejo contexto internacional y decisiones de política pública disonantes con la realidad económica, como la contención del gasto de capital. A ello se suma una caída en las expectativas de los consumidores que reduce el consumo y, con ello, los incentivos a invertir. Si se agrega el retroceso de la inversión pública, el golpe al empleo es profundo.
El gobierno no ha estado inmóvil. En julio activó el “Modo Empleo”, mesa interministerial que articula a ministerios, Subdere, gobiernos regionales y municipios, con un paquete inicial de $50 mil millones que incluye 20 mil nuevos subsidios a la contratación. En septiembre presentó “Chile Despega, con más pega”, que moviliza cerca de $1,3 billones -unos US$ 1.350 millones- para acelerar inversiones y obras públicas, con la meta de crear más de 100 mil puestos de trabajo hasta 2027. Y la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (Enadi) busca anticipar las contrataciones de los proyectos y capacitar a los trabajadores antes de las faenas. Son señales correctas, pero aún no logran torcer las expectativas: se perciben como anuncios dispersos, sin un relato común. Y eso no cambia con declaraciones, sino con acciones concretas.
“La infraestructura debe jugar un rol protagónico. Además de habilitar los proyectos privados, es una enorme generadora de empleo, en especial la de menor escala”.
Aquí la infraestructura debe jugar un rol protagónico. Además de habilitar los proyectos privados, es una enorme generadora de empleo, en especial la de menor escala: el bacheo de calles y veredas a cargo del Serviu y los municipios; las viviendas sociales impulsadas por el Minvu; la mantención de caminos, canales de regadío y sistemas de agua potable rural del MOP, y la reparación de escuelas, liceos, Cesfam y otros recintos de salud. También es posible acordar con las concesionarias una ejecución más rápida de proyectos en curso, muchas veces trabados por cuestiones burocráticas.
Es probable que muchas de estas obras ya estén en marcha, como ha informado el DGOP, pero poco se sabe de ellas. Y el MOP concentra el 40% de la inversión pública nacional. Hoy cada institución avanza con planes propios, que se diluyen ante la magnitud del problema.
Integrar estas intervenciones y las medidas ya anunciadas en un gran Plan Nacional de Empleo sería una señal eficaz del compromiso de corto plazo que la crisis exige. Requeriría un “estado mayor” que consolide lo que hacen los organismos involucrados, con recursos asignados, localización territorial, responsables, fechas de licitación e inicio, estimaciones de contratación y seguimiento público de los avances.
Mientras maduran los cambios estructurales, se necesitan acciones urgentes que permitan a los más vulnerables sostener la espera, y una comunicación estratégica que genere confianza. No hacerlo puede prolongar la crisis y dañar de forma irremediable el clima político necesario para salir de ella.
