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REGÍSTRATE AQUÍLa iniciativa se discutirá nuevamente en el Senado.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 10 de abril de 2019 a las 04:00 hrs.
Durante más de dos horas la Sala de la Cámara de Diputados discutió ayer la moción parlamentaria que busca limitar la responsabilidad de los usuarios de productos y servicios financieros en caso de fraudes, iniciativa que fue aprobada por una amplia mayoría.
La moción recibió la luz verde de 138 diputados, y tuvo sólo dos abstenciones de los diputados Cristina Girardi (PPD) y de Miguel Mellado (DC).
Ahora, la iniciativa se trasladó nuevamente al Senado, instancia que deberá visar los cambios que se realizaron por su paso por la Cámara Baja, quedando a un paso menos de convertirse en ley.
Esto, pues durante su primer trámite por el Senado cuando se presentó la moción, se limitaba a las operaciones fraudulentas de tarjetas de crédito. Al arribar en la Cámara, se amplió a operaciones con tarjetas de débito, prepago, transferencias de fondos, giros en cajeros automáticos, entre otras transacciones.
De aprobarse la iniciativa en el Senado, los clientes de compañías financieras no deberán contar con seguros antifraudes, pues será la entidad la que se hará responsable. El usuario deberá hacer el reclamo correspondiente en un plazo de 90 días desde que se vio afectado y la compañía tendrá devolver los fondos en un plazo máximo de siete días.
En caso que la entidad financiera tenga dudas respecto a la veracidad del fraude, podrá acudir a los tribunales y ejercer las acciones legales correspondientes, que a través de una resolución judicial, podrá pedir la restitución de los fondos al cliente.
La moción establece que las entidades financieras deben disponer las 24 horas del día todo tipo de canales disponibles y gratuitos para que sus clientes puedan hacer las denuncias de fraudes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.