La crisis que se le generó a la industria de AFP por la caída de la rentabilidad del fondo E subió de tono. Este martes, la Superintendencia de Pensiones comunicó el inicio de un proceso sancionatorio en contra de las siete AFP del sistema, por sus eventuales responsabilidades en el abrupto retroceso del selectivo más conservador del sistema y también la baja que sufrió el fondo D.
El organismo regulador que encabeza Joaquín Cortez tomó esa decisión luego de concluir todas las acciones de fiscalización respecto de las pérdidas de valor de ambos fondos.
Su objetivo es determinar si las administradoras incumplieron el deber de lealtad y diligencia que se encuentra establecido en el artículo 147 del DL 3.500 y en la normativa sobre deberes fiduciarios publicada en junio de 2025, la norma de carácter general N°340.
En específico, el artículo 147 del DL 3.500 establece que las AFP deben efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos que administran. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los fondos y asegurarán que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos con recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo.
Por su parte, en la norma de carácter general 340 dispone que las AFP tienen explícitamente deberes de “cuidado y destreza” que tendrán que cumplir para la gestión de recursos de propiedad de los afiliados. Entre las responsabilidades que se regulan se encuentran: el resguardo de los fondos de pensiones, detectar y evitar los conflictos de interés e incorporar estándares de diligencia como aspectos claves en su quehacer.
El respaldo de Quiroz
Una de las autoridades del gobierno que no se había referido en público a este tema era el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien este martes apoyó decididamente la decisión del regulador.
“Respaldamos al 100% la decisión que hoy ha tomado el superintendente de Pensiones, en el sentido de iniciar una investigación por el proceso sancionatorio contra todas las AFP del sistema, a efectos de determinar si hubo falta de diligencia por parte de los directores de dichas instituciones”.
Respecto de las eventuales sanciones, apuntó al eventual rol que le podría caber a los directores de las AFP: “Cada vez que hay una falta de un director a su debida obligación de diligencia y cuidado, los directores, recordemos, responden con el patrimonio. Así es que en eso consisten las sanciones”.
Agregó que se debe investigar si la caída de los fondos D y E “es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP y eso lo va determinar la superintendencia. Estamos esperando a esa determinación y veremos qué se va a hacer”.
Cortez también recibió el respaldo del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau. “Las AFP tienen la responsabilidad de administrar los ahorros previsionales con diligencia y prudencia. La Superintendencia de Pensiones está ejerciendo sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias para determinar si existieron incumplimientos”, dijo la autoridad.
El artículo 149
En el sector previsional señalan que, además del artículo 147 del DL 3.500, existe otra disposición a la que habrá que prestar atención en caso de que la Superintendencia resuelva en contra de las gestoras: el 149.
Fuentes del sector aseguran que, en caso de que el regulador resuelva aplicar una sanción en contra de las AFP, esta podría ser una de las disposiciones que den base a futuras acciones judiciales.
El artículo establece que las AFP deberán indemnizar a los fondos por los perjuicios directos que les ocasionen como consecuencia de acciones u omisiones vinculadas, entre otros casos, con un incumplimiento del deber de lealtad y diligencia. La reparación comprende tanto el daño efectivamente causado como las ganancias que los fondos dejaron de percibir.
La norma también dispone que los directores, dependientes y prestadores de servicios que hayan participado en esas actuaciones u omisiones responderán solidariamente por los perjuicios ocasionados. Esto significa que, una eventual responsabilidad, podría extenderse más allá de la administradora como persona jurídica.
Sesión especial
En paralelo, la presidenta del Senado (RN), Paulina Núñez, decidió acoger la solicitud que le hicieron diferentes bancadas parlamentarias respecto de una sesión especial para tratar la caída del fondo E.
Por unanimidad de los senadores, la instancia fue fijada para el 27 de octubre y serán citados los ministros de Hacienda y Trabajo, el superintendente de Pensiones, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, el presidente del Consejo Consultivo Previsional y el presidente ejecutivo de la Asociación de AFP.
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