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REGÍSTRATE AQUÍAdvirtió que las empresas deben hacer una inversión importante en este ítem.
Por: Constanza Ramos T.
Publicado: Jueves 2 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
La licitación que abrió la Superintendencia de Pensiones para elaborar un estudio de ciberseguridad aplicable a las AFP y a la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) a objeto de que sea incluido en una futura normativa fue valorada por la industria.
El gerente general de la AFP ProVida, Gregorio Ruiz-Esquide, se refirió a esta iniciativa tras la junta de accionistas de la administradora realizada el martes.
“Todo lo que se haga para tener la mejor regulación en materia de ciberseguridad es importante, es algo que valoramos”, destacó el ejecutivo.
Sin embargo, advirtió que si bien las AFP “tienen que hacer una inversión importante en ciberseguridad para ofrecer las mejores garantías, los reguladores tienen que acompañar con una regulación que sea moderna, que sea transparente y que promueva la seguridad en todas las operaciones”.
En ese sentido, aseguró que acatarán la nueva regulación. “Vamos a cumplir la norma y sentimos que estamos haciendo las inversiones necesarias para tener la mejor seguridad en nuestros sistemas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo sale la nueva normativa y si representa más inversiones, no tenemos problema con eso”, afirmó.
Por último, anunció que están realizando inversiones en distintos ámbitos, como en el sitio web y en las redes de la compañía. “Estamos asegurando que no haya accesos maliciosos y que los computadores de todos los trabajadores tengan los últimos estándares de seguridad”, remarcó.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.