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Publicado: Miércoles 29 de mayo de 2019 a las 16:56 hrs.
Ayer, tras un paso por el Centro de Justicia, Gabriel Urenda y Sebastián González, los principales implicados en el caso de la corredora Intervalores, quedaron en libertad tras meses en el penitenciario Capitán Yáber.
El Cuarto Juzgado de Garantía determinó revocar la medida cautelar de prisión preventiva a los dos acusados de apropiación indebida y reemplazarla por arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
La jueza Carolina Herrera destacó la "plausibilidad" de la colaboración de González y recalcó que los acusados ya habían pasado meses en la cárcel. Seis en el caso de Urenda y cinco en el de González. "Las medidas cautelares no están hechas para castigar de manera anticipada al juicio", señaló la magistrada.
Por el lado de la Fiscalía, la investigación sigue avanzando. El fiscal de la causa, Felipe Sepúlveda, dijo que van a pedir un prórroga para el plazo de la indagatoria, que vence en junio de este año.
Durante la audiencia se formalizó a Ricardo Espinoza por su rol en la transacción de boletas ideológicamente falsas con nueve firmas de factoring. En esa línea, Sepúlveda no descarta nuevas formalizaciones y señaló que siguen "investigando la responsabilidad de terceros".
Por el lado de los querellantes, la representante de la mayor afectada, la comercializadora Panor, ya indicó que van a apelar a la decisión del Juzgado.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.