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Publicado: Martes 29 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
El pasado 7 de abril, la Bolsa de Corredores de Valparaíso (Bovalpo) presentó una demanda por infracciones en la operatoria del sistema interbolsa contra la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y la Bolsa Electrónica (BEC). La acción judicial, presentada en los juzgados civiles de Valparaíso, solicita que se declaren como “actos de competencia desleal” una serie de actuaciones de los demandados respecto del sistema de interconexión de las tres plazas; “que se ordene la cesación” de estos actos; “la remoción de los efectos de los referidos actos”; y que se condene a los demandados al pago de los perjuicios ocasionados”.
Sin embargo, conocedores del proceso indican que “efectivamente ellos -la Bolsa Electrónica- han sido siempre partidarios de tener un mercado integrado, y que si bien es cierto, los elementos técnicos no estaban disponibles hacia el año 2000, hoy día sí están y es perfectamente posible conectarse. O sea, tener un mercado más integrado, con mejor información y efectivamente donde al salir, los inversionistas tengan la posibilidad de obtener el mejor precio por sus acciones (...) siempre ha sido la bolsa la única partidaria de proceder a esta mejor integración del mercado chileno”.
Cabe recordar que a fines de 2012, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación a raíz de una denuncia de diputados de la V Región, que acusaron a las bolsas de incumplimiento de las Resoluciones de la Comisión Resolutiva del año 2000 y 2002, que ordenaron reanudar las operaciones interbolsas, en forma automática y vinculante.
Además en la demanda se ordena la remoción de los expertos de los referidos actos y expresa que se condene a los demandados.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.