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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 3 de marzo de 2020 a las 04:00 hrs.
Una jueza federal de México decidió suspender de forma provisional el proceso de creación de la norma del Etiquetado de Alimentos, inspirada en los procesos de Chile y Perú, con lo que la publicación de la ley quedará paralizada “por el momento”.
“Esto muestra que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma, tal y como, desde el pasado 24 de enero, el sector privado mexicano lo manifestó a la opinión pública”, aseguró la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).
Los integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria de la nación azteca mencionaron que Chile y Perú siguieron la misma estrategia de recurrir al Poder Judicial para obstaculizar los etiquetados de advertencia; sin embargo, destacaron que en dichos países se apoyó a las políticas de salud pública, “a tal grado que en Chile podemos afirmar que el Tigre Tony se fue gracias a que un tribunal protegió la salud de los infantes”.
Los legisladores mexicanos, con el aval de expertos y activistas, diseñaron esta reforma para combatir el sobrepeso en México, un problema de salud que le cuesta al país el 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) al afectar a tres de cada cuatro mexicanos, como informó en enero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La decisión fue abordada por los empresarios, quienes insistieron que “no se tomó en cuenta” la evidencia científica, por lo que “se vieron obligados” a recurrir al Poder Judicial para garantizar un “proceso incluyente y transparente”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.