Finalmente llegó la hora de pagar la cuenta por rescatar a la quebrada industria automotriz europea. La semana pasada Ford anunció el cierre de dos plantas en Inglaterra y una en Bélgica, y el despido de 6.000 personas. Llegó poco después de que PSA Peugeot Citroën y General Motors anunciaran el cierre de dos de sus mayores fábricas, la primera en Francia y la segunda en Alemania.
La ola de despidos tiene que ver con una caída de la demanda interna por la desaceleración de la eurozona, pero también con el crónico exceso de capacidad de la industria, que algunos calculan en hasta 3 millones de unidades. Simplemente hay demasiados autos en busca de muy pocos clientes.
Los gobiernos europeos también deben responsabilizarse por el mal estado de la industria. Durante la crisis de 2009, los políticos optaron por dar créditos blandos y subsidios a los fabricantes con la condición de que no cerraran plantas, fueran o no rentables. En cambio, el rescate de General Motors y Chrysler en EEUU les exigió reestructurarse. El resultado es que ambas son rentables y están volviendo a contratar.
Algunos fabricantes esperan que la Comisión Europea salga del asiento del copiloto y lidere un esfuerzo coordinado para reducir capacidad, como ocurrió a principios de los ‘80 cuando Bruselas ayudó a las acereras europeas a eliminar un 20% de capacidad.
Sin embargo, esa era se ha ido. Además, firmas rentables como VW ya dijeron que no serán parte de un esquema así. La única solución es dejar que las propias automotrices se reestructuren. Las fuerzas del mercado están funcionando: las firmas que han anunciado el cierre de plantas este año son las que tienen más que ganar de reducir sus operaciones en Europa.
Obviamente los gobiernos están interesados en minimizar el doloroso impacto de este proceso, pero no deberían entrometerse en las decisiones de la industria. Las primeras señales no son alentadoras. El gabinete francés accedió a otorgar una garantía financiera a PSA, pero a cambio exige la designación de un miembro independiente en la junta directiva, aprobado por el gobierno.
Estos intentos de influir en las decisiones a nivel de la junta directiva significan ignorar las lecciones del pasado. En vez de eso, los gobiernos deberían garantizar a los despedidos programas de formación y beneficios de cesantía. Esto ayudará a los desempleados a hallar un empleo nuevo y más estable.
La reestructuración de la industria automotriz europea será un proceso largo. Los gobiernos no deberían jalar el freno de mano.
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