El 5 de noviembre la Asamblea Nacional de Bolivia, dominada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó la fecha y destinó fondos para un referendo constitucional, que se realizará el 21 de febrero. Los votantes decidirán si reforman, la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Las encuestas recientes muestran que una mayoría está a favor de la medida.
Una encuesta a 800 personas de sectores urbanos y rurales realizada a fines de septiembre por la consultora boliviana Mercados y Muestras SRL muestra que 46% de los bolivianos apoyará el referendo, mientras que un 45% se opondrá y 9% dijo que no sabe. Esto refleja un aumento del apoyo respecto del año anterior, cuando la misma compañía encontró que 52% de los encuestados se opondría a la medida de cambiar la Constitución, mientras que sólo 42% estaría a favor.
Esto subraya el considerable respaldo a Morales. Un sondeo de agosto realizado por otra firma local, Ipsos Bolivia, estimó el nivel de aprobación en 70%. Asimismo, otra encuesta reciente de Ipsos mostró que un 49% de los bolivianos pretende votar en favor de Morales si se le permite postularse una vez más en 2019 (la fecha de la próxima elección), mientras que sólo el 39% dijo que no lo haría.
Sin embargo, como es frecuente en esas encuestas, hubo una clara división entre los votantes urbanos y rurales, con los electores rurales apoyando mucho más fuertemente al presidente.
El voto urbano mostró un empate técnico, con 44% a favor y en contra del presidente, mientras que en las áreas rurales Morales obtuvo el apoyo de 61% de los encuestados, con 28% en contra. Las áreas rurales tienden a ser particularmente subrepresentadas en las encuestas nacionales, lo que debería darle al presidente una base de apoyo aún mayor.
Los resultados de estos sondeos reflejan las tendencias pasadas, y esperamos que la apuesta por la reelección de Morales triunfe en febrero, debido a su amplia base de respaldo en las áreas rurales, mientras que MAS y los sindicatos asociados al MAS serán capaces de congregar el voto.
Sin embargo, la sólida oposición urbana –que refleja predominantemente a los votantes de clase media– plantea un riesgo de descontento social en los próximos meses, lo que es probable que se exprese a través de protestas callejeras.
Asimismo, la oposición se ha comprometido a llevar su lucha en contra de la medida a Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no esperamos que esto tenga un impacto en el voto.
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