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Publicado: Viernes 11 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Funcionarios del gobierno argentino delinearon una propuesta de pago a los fondos buitre con la que intentarán sortear la cláusula RUFO de los bonos de la deuda reestructurada que prohíbe elevar la propuesta de los canjes de 2005 y 2010. La opción consiste en establecer un mecanismo que permita activar el pago de la sentencia por US$ 1.500 millones desde el primero de enero.
La propuesta de pago que está en estudio busca entregar a los holdouts un bono pagaré intransferible, que quedaría en poder de los acreedores hasta el primer día de 2015, cuando vence la cláusula RUFO.
Esos pagarés luego se cambiarían por bonos negociables, que los fondos buitre podrán trasformar rápidamente en efectivo en los mercados, como hizo Repsol con los títulos que recibió como pago por su parte de YPF.
La cláusula RUFO dispone que el gobierno debe igualar a quienes entraron al canje cualquier oferta superior que hubiera hecho a otros acreedores privados.
Este es el principal escollo para efectuar una propuesta de pago a la sentencia del juez Thomas Griesa a favor de los fondos NML Capital, Aurelius y otros por US$ 1.330 millones, que con intereses supera los US$ 1.500 millones.
Griesa ordenó pagar esa suma en efectivo y de una vez antes de que el país continúe con sus pagos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.