El presidente de Perú, Alan García, inauguró hoy parte de la línea 1 del tren metropolitano de Lima, un proyecto que ya inició bajo su mandato hace 25 años.
Durante la inauguración, en la que el mandatario estuvo acompañado por ministros y alcaldes de distintos barrios de Lima, García afirmó que esta obra busca beneficiar al pueblo peruano y criticó a los políticos que permitieron que el proyecto quedara en el olvido.
"Y la maleza de la memoria creció encima del tren, relegándolo al olvido, en medio la burla y el escarnio de quienes no han puesto nunca un ladrillo por el Perú", agregó.
La finalización de la línea 1 del metro de Lima, y cuyos primeros kilómetros ya fueron inaugurados en vacío a finales de los 80' por el propio García, sin que los trenes llegaran a entrar en servicio, se enfrenta a críticas diversas, desde su elevado costo hasta la división de varios barrios del sur de Lima.
Una larga historia
El origen del proyecto se encuentra, según señaló a Efe el urbanista de la organización DESCO Gustavo Riofrío, en la campaña por la alcaldía de Lima de 1986, en la que el anuncio realizado por Alan García jugó un papel fundamental en que su compañero de partido Jorge del Castillo saliera elegido.
Sin embargo, el proyecto de la línea de 21,5 kilómetros quedó reducido a siete cuando, a la crisis que sufrió el país en los últimos años del Gobierno de García, con una inflación que en 1989 alcanzó el 2.775%, se sumaron denuncias de corrupción.
Aunque el 28 de abril de 1990 García llegó a realizar un viaje en esos siete kilómetros a modo de inauguración, lo cierto es que desde entonces, y ante el sinsentido económico de un tramo tan corto, el tren sólo operó eventualmente para paliar huelgas de transporte.
Ante la intención de García de retomar su proyecto inacabado, se realizaron estudios de demanda que mostraron que los 300.000 usuarios diarios que harían rentable su operación no estaban asegurados, lo que dificultó encontrar a empresas privadas dispuestas a asumir la construcción y explotación del tren eléctrico.
Finalmente fueron elegidas la empresa brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero, algo que sólo se logró con el compromiso del Estado de asumir parte del gasto de la nueva infraestructura, el material móvil y la creación de un fondo de garantía.
Según reveló la regidora de Lima Marissa Glave en una carta, esto supone un desembolso de, por un lado, US$ 220 milloness, y, por otro, US$ 87 millones -que el Estado aporta a través de un crédito de la Corporación Andina de Fomento-, un 55% del costo total del proyecto, de US$ 549 millones.
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