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Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.
Foto: Bloomberg
La incorporación de Falabella, Cencosud, Tottus y Duracell elevó a 12 el número de empresas que integran el sistema de gestión Traee, iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) en aparatos eléctricos, electrónicos y pilas.
Sin embargo, el objetivo sigue siendo sumar más empresas para cuando comiencen a regir las metas obligatorias de recolección en 2028. “El gran desafío hoy es llegar a 20 empresas. Bajo ese umbral, el sistema pierde eficiencia y cumplir las metas de la Ley REP se vuelve mucho más complejo y costoso”, afirma la gerenta general de Traee, Romina Reyes.
La ejecutiva explica que superar esa barrera no responde a un objetivo comercial, sino al diseño de la regulación. Un sistema con más de 20 empresas puede recolectar cualquier residuo de aparatos eléctricos y electrónicos para acreditar el cumplimiento de las metas legales. En cambio, uno con menos integrantes solo puede contabilizar los residuos de las marcas adheridas, lo que restringe la operación y aumenta sus costos.
Las nuevas incorporaciones se suman a Airolite, Canon, Electrolux Group, Samsung, Sodimac, SONDA/TecnoGlobal, Stanley Black & Decker, Walmart Chile. “Quienes no estén preparados cuando comiencen a regir las metas en 2028 arriesgan multas gravísimas”, advierte la gerenta general de la plataforma.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.