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REGÍSTRATE AQUÍPor: J. Troncoso Ostornol
Publicado: Lunes 17 de junio de 2024 a las 04:00 hrs.
Ocho años van del litigio que enfrenta a Cencosud con el Gobierno argentino por un terreno de más de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, en Buenos Aires. En el paño, la compañía controlada por la familia Paulmann busca levantar un proyecto ícono, que incluye un centro comercial y viviendas.
El terreno fue adquirido por Cencosud tras una licitación del Gobierno trasandino en 1996: pagó US$ 22 millones, y gastó otros US$ 4 millones para sanear la zona, pues allí operó una firma estatal de gestión de aguas servidas.
Pero en 2016, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina -presentó una demanda para que el terreno vuelva a manos del Fisco. Según ese organismo, Cencosud habría incumplido una condición del contrato sobre los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico. La empresa ha negado las acusaciones
Ahora, la agencia presentó un nuevo escrito a la justicia trasandina, donde señaló: “Cencosud S.A. posee hoy el inmueble en cuestión en nombre del Estado Nacional, es por ello que, en razón a lo estipulado por el art. 2250 CCyC, la AABE, en su calidad de propietario, pretende el restablecimiento del derecho solicitando obligue al demandado a devolver la cosa que tiene en su poder sin pertenecerle”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.