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REGÍSTRATE AQUÍSQM señaló que la movilización no afecta el funcionamiento de la planta y que buscan retomar el diálogo.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 10 de enero de 2024 a las 04:00 hrs.
Pasadas las 18 horas de ayer, las comunidades atacameñas llegaron hasta el acceso al Salar de Atacama e iniciaron una movilización de carácter indefinida “hasta que el Presidente de la República cumpla su palabra de venir al acuífero del Salar de Atacama y comprenda in situ los daños y su afectación” del acuerdo Codelco-SQM.
La “ocupación” fue autoconvocada por el Consejo de Pueblos Atacameños -que agrupa a 18 comunidades aledañas a la cuenca- oponiéndose al Memorándum de Entendimiento suscrito entre la minera estatal y la firma no metálica suscrito el pasado 27 de diciembre. Dicho acuerdo, a juicio de esa organización de pueblos originarios “pretende extender los daños e impactos por 30 años más”, “repitiendo la historia de acuerdos inconsultos y de faltar a la debida protección de la cuenca hidrográfica del Salar”.
En SQM dijeron que la protesta no afecta a la planta, dado que la permanencia de las comunidades tiene lugar en los caminos públicos. Agregaron que no han escatimado esfuerzos para retomar las conversaciones, interrumpidas tras conocerse el deal.
Cabe señalar que Máximo Pacheco, por Codelco, y el CEO de la minera no metálica, Ricardo Ramos, enviaron una carta al Consejo el pasado 4 de enero, pidiendo abrir el diálogo con una reunión para este lunes 8 de enero, en la sede de la estatal, de SQM o de los abogados Carey o Claro. Las comunidades no respondieron al llamado.
En dicha misiva, además de la voluntad de instaurar la participación de las comunidades, las compañías explicaron que el acuerdo establece las bases fundantes para una operación sustentable del Salar de Atacama, que es una de las preocupaciones de las comunidades.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
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