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Publicado: Martes 26 de noviembre de 2013 a las 12:36 hrs.
Curauma anunció este mediodía que el 5° Juzgado Civil de Valparaíso resolvió no declarar la quiebra del proyecto inmobiliario ligado al empresario Manuel Cruzat Infante.
A través una declaración, la empresa explicó que el dicho tribunal acogió el incidente de declinatoria de competencia deducido por la empresa.
"El fundamento de nuestra petición se basa en la ilegalidad del rechazo de las proposiciones de convenio judicial preventivo y en las nulidades que ha interpuesto Curauma en contra de las resoluciones dictadas por el Arbitro Diego Munita. Esta resolución a su vez, obliga a devolver los antecedentes al mismo árbitro, para que resuelva las ilegalidades reclamadas por la empresa", dijo Curauma.
La compañía que tiene como principal acreedor a la Tesorería General de la República (45,69% del total) calificó esta resolución como un primer "gran paso" y que va en la dirección de restablecer la legalidad del proceso, restituyendo a los acreedores la posibilidad de estudiar y votar un convenio altamente favorable a sus intereses.
"Estimamos además que no resultaría prudente que fuera el propio arbitro Munita, fuertemente cuestionado por distintos intervinientes en el proceso de quiebra, quien dirima las irregularidades contenidas en las actuaciones procesales en las que el propio Diego Munita ha participado", advirtió Curauma.
La compañía dijo en el documento que el propio incidente de nulidad promovido por la empresa, no fue tramitado por el Juez-Arbitro en su oportunidad, "debiendo ser el tribunal civil, el que ha ordenado devolver la causa a la justicia arbitral, permitiendo de esta manera retomar el camino del derecho".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.