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Publicado: Martes 15 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
Finalmente el árbitro a cargo del proceso de convenio judicial preventivo de Curauma, Diego Munita, no habría aprobado la solicitud de suspensión de la junta de acreedores de la sociedad.
Por ello se espera que hoy se vote la propuesta de convenio que se presente en la reunión. Si el representante de la Tesorería General de la República -principal acreedor de la sociedad, con cerca de 80% de la deuda total- no se presenta, el convenio se da por rechazado y se solicita la quiebra. Según trascendió, este último escenario es el más posible, ya que no contaría con el apoyo de los acreedores.
En referencia a la petición de quiebra de Curauma interpuesta por Julio Bustamante, ex socio de Manuel Cruzat en el fallido proyecto AFP Sur, la empresa señaló a través de un comunicado que esta acción “constituye una maniobra publicitaria. Estimamos que la resolución que deberá emanar de tribunales una vez formulados nuestros descargos y establecida nuestra posición respecto a los hechos, no podrá ser otra que el rechazo de dicha petición por carecer de lo más mínimos fundamentos jurídicos.”.
El documento agrega que “quien pide una quiebra en estos términos, a su vez se expone a sanciones jurídicas, que solicitaremos en la oportunidad procesal correspondiente”.
La solicitud de quiebra presentada por Bustamante, tiene como base la acreencia que se originó cuando el ex superintendente de Valores avaló a Manuel Cruzat Infante en un préstamo que solicitó –a través de Curauma- a Corpbanca. Al final, la institución financiera sacó a remate su casa en abril de este año, luego de que el empresario no saldara la obligación.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.