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REGÍSTRATE AQUÍAdemás, justicia decidió no nombrar un veedor para el proceso que la aerolínea lleva en EEUU.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 8 de julio de 2020 a las 04:00 hrs.
Costa Verde -uno de los mayores accionistas de Latam Airlines y en la cual participa la familia Cueto-, aprobó ayer un aumento de capital por $ 150.000 millones (US$ 190 millones) para financiar los compromisos asumidos en el marco de la reorganización de la firma bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU.
El 26 de mayo, la sociedad aseguró que aportaría US$ 300 millones de financiamiento del Deptor in Possesion (DIP) de Latam, de un total de US$ 1.900 millones necesarios para continuar las operaciones.

En el documento de 50 páginas, Costa Verde indica que “el resto de los fondos se obtendrán de la caja que mantiene la compañía, y eventualmente de la línea de financiamiento que cuenta la compañía de su relacionada a Inversiones Costa Verde Limitada y Compañía en Comandita por Acciones”.
“Las medidas cautelares solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado habrán de ser desestimadas”, dice una resolución dictada ayer por Gustavo Cerón Seguel, magistrado interino del Segundo Juzgado Civil de Santiago, que ya reconoció el procedimiento de reorganización de la deuda de la aerolínea bajo la protección de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
Luego de acogerse a este procedimiento, los abogados de Latam acudieron a la justicia chilena para que este juicio sea reconocido y así protegerse ante cualquier eventual demanda en el país.
Fue en este proceso que el Consejo de Defensa del Estado había solicitado que se nombrara un veedor para que resguarde los intereses de todos aquellos a los que la aerolínea les debe dinero, incluido el Fisco, lo que fue finalmente desestimado.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.