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Publicado: Viernes 19 de abril de 2024 a las 15:00 hrs.
La firma de abogados especializada en seguros y reaseguros, Peralta Sandoval Llaneza & Gutiérrez anunció la incorporación de nuevos abogados a su práctica habitual: Francisca Román para el área seguros y Carlos Aranís, quien viene a reforzar el área corporativa del estudio. Ambos se suman en calidad de of counsel.
Francisca Román Santana es abogada de la Universidad de Chile, se desempeñó durante 13 años en Estudio Carvallo, donde fue socia hasta enero de 2024. Anteriormente estuvo con Urrutia & Cia., Telefónica Móviles Chile, Cariola Diez Pérez-Cotapos y Álvarez Hinzpeter Jana. Es experta en litigios complejos, especialmente de seguros. Además, es profesora asistente del departamento de derecho privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora de la Asociación de Abogados de Seguros AIDA – Chile.
Carlos Aranís Olivares, también egresado de la Universidad de Chile y abogado del Consejo de Defensa del Estado desde el año 2001. Miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la American Bar Association, Carlos es magíster en dirección y gestión tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Boston, Estados Unidos.
Un tercer fichaje también se dio con Bárbara Tafur Chirinos, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien se integra en calidad de asociada.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.