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Publicado: Miércoles 20 de julio de 2011 a las 19:38 hrs.
La Contraloría General de la República se pronunció esta tarde respecto a la consulta realizada por el diputado Enrique Accorsi (PPD) y la presidenta de la colectividad Carolina Tohá en cuanto a la existencia de un eventual conflicto de interés del Presidente Sebastián Piñera con el proyecto carbonífero Isla Riesco.
La presentación de ambos personeros se hizo debido a que una de las empresas que integran la sociedad Isla Riesco es Empresas Copec -del grupo Angelini-, donde Piñera aún mantiene785.609 acciones. Los ojos de la Moneda estaban sobre este tema ya que, de encontrarse un conflicto, podría significar que el presidente debe enajenar estos títulos.
El órgano contralor señaló -en un oficio de cuatro páginas- que la posesión de dichas acciones no implicaría una eventual parcialidad hacia el interés personal del presidente. En el documento, el contralor Ramiro Mendoza informó que "la integración del referido órgano decisorio no es consecuencia de la calidad de la calidad de exclusiva confianza que dichas autoridades tienen respecto del Presidente de la República, motivo por el cual las opiniones que ellas manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario".
Con respecto a la otra solicitud que Accorsi y Toha realizaron a la Contraloría, relacionada con la eventual actualización de su declaración de patrimonio que deberia hacer Piñera en caso que se encontrara un conflicto de interés, el organismo afirmó en el oficio que "no se encuentra la hipótesis planteada por los solicitantes".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.