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Publicado: Lunes 26 de noviembre de 2018 a las 11:04 hrs.
Con el fin de adelantarse a futuros requerimientos regulatorios, la firma de servicios profesionales y consultoría, EY y la Asociación FinTech de Chile (FinteChile), se unieron para elaborar el "´primer mapa de las fintech chilenas".
El reporte, que proveer de insumos a la autoridad a la hora de legislar, en enmarca en el reciente anuncio de la Comisión del Mercado Financiero, de poner en consulta la regulación de la industria FinTech desde este mes hasta fin de año.
La legislación busca normar mecanismos de financiamiento colectivo, entre ellos equity (acciones y participación en propiedades, entre otros), deuda (pagarés y facturas, entre otros), asesores de inversión, los evaluadores de calidad crediticia y custodios, entre otros.
El reporte tiene como propósito dar a conocer el estado actual de las empresas Fintech en el país, entregando datos de investigaciones recientes de este mercado, que viene irrumpiendo en la industria financiera tradicional a nivel global desde hace más de una década, y será publicado durante la primera semana de marzo.
"Este estudio será uno de los principales insumos para que el Gobierno y los entes reguladores puedan tomar la mejor decisión respecto a la regulación de la industria", afirmó José Santodomingo, presidente de FinteChile.
Por su parte, Diego Pleszowski, socio líder de la Industria Financiera de EY Latam South, aseguró que "conocer la situación de las plataformas chilenas servirá para que las diferentes verticales de la industria financiera entiendan en mayor detalle a este nuevo actor del mercado de capitales".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.