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REGÍSTRATE AQUÍEl TC habria suprimido en enero las facultades normativas y sancionatorias.
Por: Carolina León
Publicado: Lunes 30 de abril de 2018 a las 21:31 hrs.
Tras varias semanas de espera, finalmente la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento y definió el futuro del proyecto de ley que moderniza y fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Esta tarde la entidad liderada por Jorge Bermúdez señaló que decidió "no darle curso al decreto promulgatorio del proyecto de ley", que ingresó el presidente de la República, Sebastián Piñera.
Cabe señalar que la iniciativa llegó a Contraloria debido a un requerimiento de la Cámara Nacional de Comercio, luego de las diferencias de opinión que se generaron tras el paso del texto por el Tribunal Constitucional (TC) y posteriormente en el Congreso, ya que a finales de enero la Cámara de Diputados presentó un recurso de reconsideración ante el TC para anular el fallo del organismo y así reponer las facultades normativas y sancionatorias eliminadas por el TC.
En el pronunciamiento de Contraloría, se lee que "se advierte que el decreto promulgatorio contiene normas declaradas inconstitucionales".
Diario Financiero accedió a parte del documento emitido por Contraloría, y en él se lee que "corresponde hacer presente que esos preceptos mantenidos en el decreto promulgatorio carecen de eficacia al haberse suprimido en este las disposiciones que consagraban la potestad sancionatoria del servicio", por lo que la entidad respaldó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Por ahora se desconoce los pasos que adoptará el gobierno respecto a la iniciativa. Sin embargo, el nuevo director del servicio, Lucas del Villar, señaló el pasado miércoles en la apertura de la feria del consumidor que la ley se intentará implementar de la mejor manera posible.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.