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Publicado: Jueves 7 de marzo de 2019 a las 04:00 hrs.
También se conoce como gasto tributario. Hace referencia al monto de ingresos que el Fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta de la regla general en la legislación tributaria y que busca beneficiar, promover o fomentar ciertas actividades, sectores, ramas, regiones o grupos de contribuyentes.
Según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), este año las exenciones le costarán a las arcas públicas US$ 9.400 millones, centrándose en tres tópicos: impuesto a la renta, impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los combustibles.
En impuesto a la renta, los ingresos que no percibirá el Estado ascenderán a US$ 6.737 millones este año, de la mano de US$ 4.530 millones por diferimientos de impuestos, US$ 942 millones en deducciones y US$ 633 millones en exenciones.
Los beneficios por IVA se llevan US$ 2.590 millones del total, con US$ 1.641 millones por exenciones y hechos no gravados y US$ 695 millones en créditos.
Por último, las devoluciones del tributo a los combustibles ascienden a US$ 86 millones.
¿Cuáles son los sectores o actividades más beneficiados con los tratamientos fiscales especiales? El ahorro y la inversión (US$ 4.725 millones), la educación (US$ 1.062 millones), salud (US$ 818 millones), inmobiliario (US$ 742 millones), y fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE, con US$ 707 millones), entre otros.
El gobierno analiza eliminar algunas exenciones para compensar el efecto en recaudación de la integración del sistema, con miras a destrabar la idea de legislar de la reforma tributaria.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.