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Publicado: Jueves 30 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
Es un mecanismo de control implementado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas para "marcar" las cajetillas de cigarrillos y hacer un seguimiento a su comercialización lícita, para reducir la evasión por impuesto específico, IVA y renta.
La trazabilidad consiste en la marcación de cada cajetilla directamente en la línea de producción, en el caso de los productores nacionales, y mediante una estampilla, en el caso de las importaciones. La información que se genera se envía en línea al SII, de manera encriptada y en formato electrónico, para el cruce de datos y el análisis de información respectivo, el que permitirá focalizar la ejecución de las acciones de cumplimiento tributario.
Actualmente el sistema se encuentra instalado y operando en todas las líneas de producción de cigarrillos del país, y el principal importador ya realizó su primera importación con estampillas de trazabilidad.
Considerando los plazos que tienen productores e importadores para agotar stock sin marcación, así como la rotación que tiene los distribuidores, se espera que a partir del 20 de junio el 100% de los cigarrillos que se comercialicen cuenten con las marcaciones de trazabilidad correspondientes.
Hoy, la evasión por impuesto a los cigarrillos ascienden a 16,6%, lo que representa US$ 300 millones menos de ingresos fiscales por año. Con la medida, el Fisco busca recaudar del orden de US$ 100 millones por ejercicio.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.