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Publicado: Jueves 13 de junio de 2019 a las 04:00 hrs.
En una reunión plenaria en la que participaron 289 delegados de 99 países -incluido Chile-, el 28 y 29 de mayo, los países del bloque acordaron una hoja de ruta para aplicar impuestos a las empresas y las plataformas digitales.
El documento que servirá como base para la decisión que tomen los países de la OCDE y otros observadores para gravar las plataformas y empresas tecnológicas a fines del próximo año.
El acuerdo alcanzado en París el 28 y 29 de mayo, en el marco de un plenario de administraciones fiscales de la OCDE, establece como base dos pilares para definir el plan de acción.
El primero apunta a determinar de manera concreta dónde deben pagarse los impuestos y bajo qué base (por ejemplo, un nexo establecido entre el proveedor del servicio y el cliente que lo consume, a pesar de que el primero no tenga representación física en el país). Además, se buscará establecer la porción de las utilidades que "podría o debería" tributar en la jurisdicción donde los clientes o usuarios están ubicados (denominado principio de "ubicación de los beneficios").
En segundo pilar explorará el diseño de un sistema que asegure que las compañías multinacionales -en la economía digital y otros sectores- paguen un nivel mínimo de impuestos: "Este pilar debería proveer a los países con una nueva herramienta para proteger su base fiscal del traslado de utilidades hacia países de nula o baja tributación, y tiene la intención de hacerse cargo de los problemas vigentes que identificó la iniciativa OCDE/G20 BEPS", asegura la OCDE en un documento oficial.
En Chile, el gobierno propuso en la reforma tributaria aplicar un impuesto de 10% a los servicios digitales provistos desde el exterior por empresas no residentes y que sean consumidos por personas naturales en Chile. En el debate en particular, Hacienda se abrió a aumentar a 19% dicho impuesto, igualándolo con el IVA.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.