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Publicado: Jueves 27 de junio de 2019 a las 04:00 hrs.
Es un documento de ocho páginas firmado entre la directiva de la Democracia Cristiana (DC), representantes de gremios PYME como Asech, Conapyme y la Multigremial de Emprendedores, y los ministerios de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para apurar el trámite de la reforma tributaria, hoy recién en primer trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
En el texto, el Ejecutivo se compromete a una serie de medidas para compensar el efecto fiscal de la reintegración del sistema impositivo, las que se enfocarán en los mismos contribuyentes de mayores ingresos que se ven beneficiados con la integración.
Entre dichas medidas, se contempla un aporte del 1% de los proyectos de inversión en favor de las regiones donde operan; restringir el uso del market maker en las operaciones bursátiles; limitar los retiros en exceso desde el Isfut; y eliminar las exenciones de contribuciones para predios forestales, entre otras.
Adicionalmente, se proponen mecanismos como gravar los servicios digitales, subir a 75 mil UF el tope de ventas para acogerse a la Cláusula PYME, ajustar la Norma General Antielusión y modificar el concepto de gastos necesarios para producir la renta, entre otras materias.
El documento establece el compromiso de las partes de despachar la reforma al Senado a más tardar en 30 días desde la firma del protocolo. El texto no fue firmado por los diputados DC de la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz, quienes mostraron sus reparos al contenido del mismo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.