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REGÍSTRATE AQUÍAjustes apuntan a reforzar las sanciones por delitos tributarios, como la utilización abusiva de pérdidas tributarias.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 3 de julio de 2019 a las 04:00 hrs.
En medio de las horas clave para que el Ejecutivo ingrese al Congreso las indicaciones al proyecto de reforma tributaria, que se espera reflejen el acuerdo alcanzando con la DC y agrupaciones PYME, la oposición afina sus cambios.
Tras una reunión con sus equipos técnicos, los parlamentarios opositores de la comisión de Hacienda de la Cámara ayer acordaron una minuta con las propuestas que presentarán en el debate en particular, las que refuerzan -en general- las sanciones contra los delitos tributarios.
Así, un primer ajuste establece como “agravante” que el monto evadido supere las 500 UF ($ 13,9 millones).
Otro punto sugiere una pena de presidio menor en su grado máximo cuando un contribuyente ejecute actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo sin ninguna otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a la administración tributario. Esto, en caso de que el contribuyente haya tomado conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo o judicial ad portas de una liquidación de impuestos o cobro judicial.
También se propone una multa de hasta el 200% de todos los impuestos que deberían haberse ingresado a arcas fiscales, cuando el contribuyente utilice de manera abusiva las pérdidas tributarias a través de contratos, actos o negocios que signifiquen adquirir la propiedad de una empresa con pérdidas.
En este marco, el gobierno renovó ayer la urgencia simple al proyecto. Esto implica que se debe despachar de la Cámara a más tardar en 30 días.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.