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Publicado: Domingo 9 de agosto de 2020 a las 04:00 hrs.
Hace dos semanas, Rafael Fontecilla organizó un Zoom con cerca de 60 miembros y cercanos a la “Coordinadora Nacional de Movimientos Nacionales” -agrupación civil que nace post 18O- para conversar una inquietud que varios de ellos compartían: la reforma que propone nacionalizar los fondos de pensiones. “Entendemos que es una necesidad para las familias tener recursos, pero obtenerlos mediante los ahorros previsionales es muy dañino para ellos. Y nacionalizarlo, sería un gran error”, plantea Fontecilla.
Entonces, se propusieron crear una ofensiva en redes sociales cuyo mensaje debía aludir al derecho de propiedad de los fondos de pensiones . Uno de los presentes esa noche fue Jorge Selume, ex director de la Secom del gobierno de Sebastián Piñera. Él quedó a cargo de de la estrategia comunicacional y contenido de esta campaña que fue bautizada como #El90TambienEsMio. “Dijimos: ‘ocupemos el peso de la prueba, si el 10% es tuyo, ¿por qué el 90% sería distinto? Esa es la ebra. Queremos dar una señal de que los ahorros son de los trabajadores a todo evento”, dice un miembro de la coordinadora, Fontecilla, quien es ejecutivo de CCU, añade que la coordinadora -que en total reúne a cerca de 30 grupos y a 400 personas- no es un think tank. “Estamos elaborando documentos para autoridades. Pero son ideas, no somos técnicos, eso le corresponde a otros”, dice.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.