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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Domingo 30 de agosto de 2020 a las 04:00 hrs.
Una verdadera cruzada ha emprendido Sofía Jottar, presidenta de la Asocición de Banqueteros de Chile (Abach), durante este último tiempo para que el gobierno incluya a esa industria en el Plan Paso a Paso. La semana pasada se reunió con el Ministerio de Economía y ya concertó una cita con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para el próximo jueves. Entre las medidas que la asociación propone para el desescalamiento de los eventos privados de convocatoria cerrada están realizar un criterio de trazabilidad completa a través de un “pasaporte sanitario” para todos aquellos que asistan a estas actividades, tanto trabajadores como invitados, y la confección de listas con dos semanas de antelación de todos los convocados a dichas instancias. Además, proponen establecer criterios de distancia entre las mesas y número de personas atendidas por un garzón que no exceda a ocho.
Paralelamente, Jottar ha iniciado una ronda de conversaciones con el presidente de la Asociación de Municipalidades, el alcalde de Estación Central Rodrigo Delgado. De hecho se juntaron este jueves para avanzar en una disposición unitaria entre las distintas comunas que albergan centros de evento, de manera que se cumplan con disposiciones unificadas en materias sanitarias, uso de suelo y tributarias para todos ellos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.