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REGÍSTRATE AQUÍLa inversión en estos trabajos suma unos US$ 1,500 millones y estaba previsto que se terminaran en el año 2024.
Por: Gestión, Peru
Publicado: Martes 14 de abril de 2020 a las 16:15 hrs.
Lima Airport Partners (LAP) dio a conocer la puesta en marcha de un plan de “retorno seguro” para el reinicio de obras relacionadas con la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima.
Voceros de la empresa señalaron que esta implementación se está haciendo en coordinación con el Estado peruano.
Como se sabe, desde el 16 de marzo pasado, ante el anuncio de la emergencia sanitaria por el brote del covid-19, Lima Airport Partners suspendió actividades que se llevaban a cabo en los terrenos donde se hará la segunda pista de aterrizaje y el nuevo terminal.
La inversión en estos trabajos suma unos US$ 1.500 millones y estaba previsto que se terminaran en el año 2024.
La empresa señaló que, a la fecha, el equipo de LAP que gestiona el proyecto de ampliación trabaja de manera remota. Así, se está avanzando en áreas relacionadas al diseño del terminal; la licitación para la construcción de la segunda pista y la nueva torre de control (paquete de trabajo Nº2); y el contacto con el mercado de ingeniería y construcción para identificar potenciales postulantes a la construcción del nuevo terminal (paquete de trabajo Nº3).
Hasta antes del anuncio de la emergencia nacional, estaban en ejecución los trabajos de movimiento de tierras, retiro de top soil, material orgánico, demoliciones de estructuras y retiro de escombros (etapa 1).
La operadora aeroportuaria también señaló que busca opciones en conjunto sobre el proceso de retorno paulatino de las operaciones con pasajeros, con el fin de facilitar la conectividad a determinados destinos, como vuelos nacionales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.